PP-A y Vox han alcanzado un acuerdo para formar un gobierno de coalición en Andalucía que permitirá desbloquear la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. El candidato popular se someterá esta tarde a la segunda votación ante el Pleno del Parlamento, en la que solo necesita obtener más votos favorables que contrarios.
Moreno y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, firmarán a las 18:30 horas el denominado Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía, apenas media hora antes del comienzo de la votación de investidura.
El pacto garantiza al candidato del PP-A el respaldo necesario después de que fracasara en su primer intento. Moreno obtuvo el pasado martes únicamente los 53 votos de su grupo, frente a los 56 rechazos que sumaron PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.
Tras aquella votación, las conversaciones entre populares y Vox se intensificaron hasta cerrar un acuerdo que no se limita a facilitar la investidura, sino que implica la entrada de la formación de extrema derecha en el Ejecutivo autonómico.
PP y Vox sumarán 68 diputados
Las negociaciones comenzaron después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. El PP-A ganó los comicios con 53 escaños, pero se quedó a dos de la mayoría absoluta, fijada en 55 diputados. Vox consiguió 15 representantes.
Ambas formaciones suman 68 escaños de los 109 que componen el Parlamento andaluz. Manuel Gavira ha definido esta cifra como el «mayor apoyo» parlamentario recibido por un gobierno autonómico en la historia de Andalucía.
El acuerdo pone fin al intento expresado inicialmente por Moreno de gobernar en solitario. La negativa de las formaciones de izquierda a facilitar su investidura dejó al PP-A dependiendo de Vox para constituir el nuevo Ejecutivo.
PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía habían anticipado que populares y Vox terminarían pactando y calificaron las semanas de negociación como una «escenificación».
La «prioridad nacional» entra en el acuerdo bajo el concepto de arraigo
Uno de los puntos incorporados al pacto es la denominada «prioridad nacional», una exigencia habitual de Vox para favorecer a los españoles frente a la población migrante en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y servicios públicos.
Moreno llegó a definir este planteamiento como un «eslogan electoral», pero finalmente ha aceptado su incorporación mediante una referencia al arraigo.
El texto establece que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional», con el propósito de asignar los recursos a quienes acrediten «un arraigo real, duradero y verificable en el territorio».
La fórmula permite al PP presentar la medida como una condición vinculada al tiempo de residencia. Algunos recursos públicos ya exigen requisitos similares, como determinadas prestaciones relacionadas con la dependencia, cuyo acceso puede estar condicionado por los años de empadronamiento.
El reparto de consejerías, principal punto de conflicto
El mayor obstáculo durante la negociación ha sido el peso que Vox tendrá dentro del Consejo de Gobierno. El PP-A defendía que su socio debía asumir áreas de carácter técnico y reclamaba que el reparto fuera proporcional a la distancia electoral entre ambos partidos.
Por el momento, no se ha comunicado oficialmente qué consejerías estarán dirigidas por Vox. Agricultura habría sido una de las principales reclamaciones de la formación, mientras que el PP se habría resistido a cederle las competencias relacionadas con Igualdad.
Los precedentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León han servido como referencia para el pacto andaluz. En esos gobiernos, Vox ha asumido responsabilidades en Agricultura y ha contado con vicepresidencias o áreas vinculadas a familia, servicios sociales y desregulación.
El propio líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reconocido horas antes que el pacto programático y de contenidos estaba ultimado y que únicamente quedaba concretar las responsabilidades de Vox en el futuro Gobierno.