El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, pedirá este martes al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que convoque «cuanto antes» el debate de investidura. La solicitud llegará mientras PP y Vox ultiman el acuerdo que permitirá poner en marcha el nuevo Gobierno andaluz, todavía sin presentar públicamente y con la denominada «prioridad nacional» como principal punto de fricción.
Moreno y parte de su equipo negociador mantuvieron este lunes una nueva reunión con el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, y representantes de la formación de extrema derecha en la sede del Parlamento andaluz. El encuentro sirvió para avanzar en la redacción de un documento que ambas partes consideran necesario para desbloquear la legislatura.
El Partido Popular ganó las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo con 53 diputados, dos menos de los que marcan la mayoría absoluta. El resultado ha colocado a Vox en una posición decisiva para facilitar la continuidad de Moreno y condicionar las políticas públicas de la Junta durante los próximos cuatro años.
Los presupuestos como argumento para acelerar la investidura
Moreno ha defendido que Andalucía debe disponer pronto de un nuevo Ejecutivo para comenzar a preparar los presupuestos autonómicos. Durante la inauguración del Centro de Salud La Esperanza de la Yedra, en Jerez, señaló que las cuentas de la Junta ya deberían estar en proceso de elaboración.
«Tenemos que ponernos a trabajar en el presupuesto, cuanto antes empecemos, más fácil será porque ya vamos tarde», afirmó el presidente en funciones.
Moreno aseguró además que el PP negocia desde el interés general. «Cuanto antes cerremos este diálogo fructífero, razonable, sensato y que sea productivo para el interés general de los andaluces», manifestó.
El Partido Popular mantiene oficialmente que su objetivo es gobernar en solitario mediante un acuerdo de estabilidad parlamentaria. Sin embargo, la formación deja abierta la posibilidad de que las negociaciones desemboquen finalmente en un Gobierno de coalición con Vox.
La «prioridad nacional», una exigencia con dudas jurídicas
El principal obstáculo continúa siendo la denominada «prioridad nacional» defendida por Vox. La propuesta plantea establecer preferencias para ciudadanos españoles en determinadas ayudas, prestaciones y servicios públicos, una exigencia que genera dudas sobre su encaje jurídico y su aplicación efectiva.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, admitió que la dificultad reside en «la aplicabilidad de algunas de las medidas de las que estamos hablando». La dirección nacional de Vox sostiene, por su parte, que la propuesta es irrenunciable y debe quedar recogida en el pacto.
El debate afecta directamente a los criterios de acceso a recursos públicos que actualmente se conceden atendiendo a factores como la renta, la dependencia, la vulnerabilidad o la situación familiar. La redacción definitiva del documento permitirá conocer hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para garantizarse el respaldo parlamentario de Vox.
Las dos partes aseguran que el acuerdo incluirá compromisos de estabilidad, moderación, reindustrialización, mejora de las políticas sociales y funcionamiento riguroso de la Administración. Por el momento, no se han detallado las medidas concretas que formarán parte del texto.
El choque entre Sanz y Vox evidencia las diferencias internas
La negociación autonómica ha provocado también tensiones entre PP y Vox en Sevilla. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, afirmó que la «prioridad nacional» es «ilegal y anticonstitucional» y aseguró que no la aplicará mientras permanezca al frente del Ayuntamiento.
La portavoz municipal de Vox y nueva diputada autonómica, Cristina Peláez, respondió que «es probable que Moreno tenga que aceptarlo» y recordó al alcalde que dentro de un año se celebrarán elecciones municipales. Peláez calificó sus declaraciones como «bastante imprudentes».
Aunque ambos partidos han intentado circunscribir el enfrentamiento a la política municipal, la controversia muestra las dificultades que puede generar la aplicación de las medidas incluidas en el futuro acuerdo autonómico.
La oposición pregunta qué derechos cederá el PP
PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía coinciden en que el acuerdo entre PP y Vox está prácticamente cerrado y han exigido que su contenido se haga público antes del debate de investidura.
La portavoz adjunta del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, reclamó a Moreno que «aclare qué derechos va a ceder a la extrema derecha». También denunció que la formación del próximo Gobierno de la Junta se está decidiendo «en un despacho en Madrid de la extrema derecha» y no desde Andalucía.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, afirmó que el acuerdo «es contra los andaluces». García cuestionó el concepto de «prioridad nacional» y señaló que, si ambas formaciones quisieran priorizar a la población andaluza, deberían respaldar a los trabajadores del sector logístico de Sevilla en su conflicto con la patronal.
El coordinador federal de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró que «el PP y Vox van más adelantados de lo que ellos están diciendo». El dirigente calificó además de «performance» las diferencias públicas surgidas entre Vox y el alcalde de Sevilla y sostuvo que el pacto se encuentra casi cerrado.
La ronda de consultas permitirá a Jesús Aguirre proponer formalmente un candidato a la Presidencia de la Junta. El contenido del acuerdo entre PP y Vox será, sin embargo, el que determine la orientación política, social y económica de Andalucía durante la nueva legislatura.