Andalucía cerró el primer trimestre de 2026 con un total de 1.165 viviendas protegidas iniciadas o finalizadas, según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, entre enero y marzo se completaron 410 viviendas protegidas y se inició la construcción de otras 755 en la comunidad autónoma.
Las cifras forman parte de la estadística oficial sobre vivienda protegida y reflejan la evolución de la promoción de VPO en un contexto marcado por el debate sobre el acceso a la vivienda y la necesidad de incrementar la oferta de inmuebles asequibles.
A nivel nacional, durante los tres primeros meses del año se finalizaron 5.215 viviendas protegidas y comenzaron a construirse otras 4.048. Según el Ministerio, se trata de los mejores registros para un primer trimestre desde 2012 tanto en viviendas terminadas como iniciadas.
El departamento que dirige Isabel Rodríguez destaca además que el número de viviendas protegidas finalizadas multiplica por nueve las registradas en el mismo periodo de 2018, mientras que las iniciadas experimentan un incremento del 24% respecto al primer trimestre del año anterior.
Estos datos coinciden con otros indicadores relacionados con la promoción pública de vivienda. El Ministerio señala que entre enero y marzo se alcanzó el mayor volumen de licitaciones de vivienda pública de toda la serie histórica y recuerda que 2025 fue uno de los ejercicios con mayor inversión destinada a la construcción de vivienda protegida.
De cara a los próximos años, el Gobierno prevé mantener esta línea de inversión a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Según las previsiones anunciadas, al menos el 40% de esos fondos se destinarán a la construcción de vivienda asequible que contará con protección permanente e indefinida.
La vivienda se ha consolidado como uno de los principales retos sociales y económicos tanto en Andalucía como en el conjunto del país, especialmente ante el aumento de los precios de compra y alquiler registrado en los últimos años. En este contexto, las administraciones tratan de impulsar nuevas promociones protegidas para ampliar la oferta disponible y facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles.