Las negociaciones para la formación del próximo Gobierno andaluz tras las elecciones autonómicas del 17M ya han comenzado a tensarse. Vox ha elevado este jueves el tono frente al PP de Juanma Moreno y ha dejado claras cuáles serán algunas de las condiciones para facilitar un posible acuerdo de investidura o de estabilidad parlamentaria en Andalucía.
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, avanzó desde el Parlamento andaluz que su formación quiere trasladar a la comunidad buena parte de las medidas ya pactadas con el Partido Popular en gobiernos autonómicos como los de Aragón y Extremadura. Entre ellas, destaca la creación de una “unidad de vigilancia” de empadronamientos ilegales de personas migrantes, una propuesta que Vox vincula al acceso a ayudas públicas.
«¿Qué ve de malo el señor Moreno Bonilla en las medidas que han aprobado sus compañeros del PP en otras partes de España?», se preguntó Gavira ante los medios de comunicación, en un mensaje dirigido directamente al líder del PP andaluz antes del inicio formal de los contactos entre ambas formaciones.
Vox endurece sus condiciones para facilitar un acuerdo
La formación ultraderechista reclama además rebajas fiscales, medidas de apoyo al campo andaluz y la aplicación del concepto de “prioridad nacional”, uno de los ejes ideológicos del partido de Santiago Abascal. Vox exige igualmente que cualquier pacto incluya un calendario cerrado de cumplimiento, siguiendo el modelo aplicado en otras comunidades donde sus votos han resultado decisivos para garantizar gobiernos del PP.
El movimiento de Gavira evidencia la intención de Vox de elevar públicamente la presión sobre Moreno desde el primer momento y condicionar el marco político de la negociación antes incluso de que arranquen oficialmente las conversaciones.
Las exigencias relacionadas con inmigración sitúan además uno de los debates más sensibles en el centro del escenario político andaluz. La propuesta de controlar empadronamientos llega en un contexto marcado por el aumento de la tensión política estatal sobre migración, vivienda y acceso a servicios públicos, asuntos especialmente delicados en una comunidad con fuerte peso agrícola y alta presencia de trabajadores temporeros extranjeros.
La “prioridad nacional” choca con el discurso andalucista
La estrategia de Vox introduce también un choque político con el relato andalucista que Juanma Moreno ha tratado de reforzar durante los últimos años. Frente a la “prioridad nacional” defendida por Vox, el líder popular insistió durante la campaña electoral en que “la prioridad del PP es Andalucía”, tratando de proyectar una imagen de autonomía política respecto a la dirección estatal del partido.
Ese equilibrio vuelve ahora a ponerse a prueba en unas negociaciones donde el PP necesita decidir hasta qué punto está dispuesto a asumir medidas impulsadas por la ultraderecha en otros territorios para garantizar la gobernabilidad de Andalucía.
Aunque Vox evita de momento profundizar sobre sus exigencias respecto a la RTVA, distintas fuentes parlamentarias apuntan a que la radiotelevisión pública andaluza volverá a convertirse en otro de los puntos clave de la negociación, tal y como ya ha ocurrido en otros acuerdos autonómicos del partido de Abascal.
Las primeras posiciones públicas dejan así un escenario de negociación marcado por la presión de Vox para endurecer políticas migratorias y trasladar a Andalucía parte de la agenda política que ya ha condicionado gobiernos autonómicos del PP en otros puntos del Estado.