UGT Andalucía ha trasladado a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía un conjunto de propuestas para combatir la siniestralidad laboral en la comunidad, entre las que destaca la petición de condicionar las ayudas públicas a las empresas con accidentes mortales o elevados índices de siniestralidad, además de reforzar la prevención y crear un fondo específico de apoyo a las víctimas.
La propuesta fue presentada durante una reunión mantenida entre el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, y el secretario de Salud Laboral del sindicato, Pablo Sánchez, con la consejera de Empleo. En el encuentro, la organización sindical trasladó un documento de trabajo con diferentes medidas orientadas a reducir los accidentes laborales en Andalucía y mejorar las políticas de prevención.
El sindicato ha subrayado la gravedad de los datos más recientes sobre siniestralidad laboral en la comunidad. Según las cifras correspondientes a 2025, en Andalucía se registraron 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que representa el 16,7% del total nacional. De ellos, 1.032 fueron graves, el 22,19% del total de accidentes graves en España, y 121 personas trabajadoras fallecieron en su puesto de trabajo.
Ante esta situación, UGT reclama avanzar hacia una política de «tolerancia cero» frente a la siniestralidad laboral. Entre las principales medidas planteadas figura impedir que las empresas con accidentes laborales mortales o con índices elevados de siniestralidad puedan acceder a ayudas públicas si no se acogen previamente a las actuaciones previstas en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028.
El sindicato también propone impulsar campañas institucionales de sensibilización en medios de comunicación para concienciar sobre la gravedad de los accidentes laborales, siguiendo modelos similares a las campañas de seguridad vial o de lucha contra la violencia de género.
En el ámbito sanitario, UGT Andalucía plantea reforzar la detección de enfermedades profesionales mediante la incorporación de médicos especialistas en Medicina del Trabajo en los centros de Atención Primaria. Asimismo, propone intensificar la investigación de accidentes leves e incidentes en empresas con mayores niveles de siniestralidad, con el objetivo de prevenir situaciones más graves.
Otra de las medidas destacadas es la creación de un fondo específico destinado a apoyar a las víctimas de accidentes laborales y a sus familias. Este fondo estaría financiado con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía y con aportaciones de empresas que hayan incumplido la normativa preventiva en casos de accidentes mortales. El objetivo sería cubrir gastos derivados de situaciones como discapacidad sobrevenida, adaptación del hogar o apoyo psicológico.
Además, el sindicato propone que las patologías vinculadas a riesgos psicosociales se incorporen al listado oficial de enfermedades profesionales, en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En esta línea, también reclama que la evaluación de riesgos psicosociales sea obligatoria dentro de los planes de prevención que las empresas deben presentar para acceder a ayudas públicas.
Por último, UGT Andalucía plantea impulsar protocolos de prevención de drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral, así como avanzar en la creación de una figura similar al delegado territorial o sectorial de prevención que permita mejorar las condiciones de seguridad en las pequeñas empresas.
Desde el sindicato insisten en que la reducción de la siniestralidad laboral debe situarse entre las prioridades de las políticas públicas, al considerar que detrás de cada accidente laboral «hay una persona trabajadora y una familia afectada».